La Guardia Civil y la Gendarmería Nacional Francesa han detenido a 16 personas dedicadas al tráfico de drogas entre Girona y Francia.

La organización desmantelada movía entre los dos países 20 kilos de hachís y marihuana a la semana.

Los beneficios obtenidos con la droga superan los 300.000 euros, dinero que ya ha sido incautado por los dos cuerpos policiales.

La operación Ninja66 llevaba en marcha desde el pasado mes de febrero cuando los gendarmes interceptaron un vehículo de la organización cargado de droga.

Tras la detención de su conductor, la Gendarmería comprobó que la organización investigada operaba principalmente desde la provincia de Girona. En ese momento, se activa una Orden Europea de Investigación y la Guardia Civil comprueba las primeras pesquisas facilitadas.

En la primera fase de explotación, Guardia Civil, Gendarmería y Policía Local realizaron varios registros en las localidades de Sils y Salt (Girona).

La operación se ha completado con nuevos registros en Figueres, Sils, Vilobí d'Onyar y Caldes de Malavella.

En el registro realizado en una nave industrial de Figueres, la Guardia Civil ha hallado 3.000 plantas de marihuana y un sistema innovador para dotar de electricidad a la plantación. La organización instaló un generador autónomo de energía alimentado por gasoil para evitar el "pinchazo" de luz y así ser detectados.

En total, en los registros efectuados en las dos fases, la Guardia Civil ha incautado 85.510 euros, 10 kilos de hachís, 3.310 plantas de marihuana, 4,5 kilos de cogollos y una furgonerta.

Por su parte, la Gendarmería francesa ha intervenido 150.000 euros en metálico, 40.000 euros en cuentas bancarias, seis vehículos, joyas y varios objetos de valor.

En este Día Mundial y Día Europeo contra la pena de muerte, quiero recordar que tan inhumano castigo legal fue abolido de forma parcial por la Constitución aprobada en 1978 y por completo mediante ley orgánica de 27 de noviembre de 1995. La democracia española no se quedó ahí y, en octubre de 2010, impulsó la firma de la Declaración sobre la constitución y funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, con sede en Ginebra y hoy apoyada por 22 estados que forman su grupo de apoyo.

Como español y como demócrata, me siento muy orgulloso de los pasos dados por mi país para consolidar el respeto al derecho a la vida por encima de cualquier circunstancia y eliminar la pena de muerte de su arsenal punitivo. La pena máxima como instrumento de lucha contra el delito no ha dado nunca beneficio alguno en materia de seguridad pública ni de reparación a las víctimas y no tiene efectos disuasorios, es un fracaso que no reduce los índices de criminalidad.

Esta es también ocasión inmejorable para proclamar que la defensa de los derechos humanos no puede detenerse en las fronteras. Según Amnistía Internacional, en 2019 se consumaron al menos 657 ejecuciones en los 20 países que aún mantienen esta cruel práctica, aunque la cifra real es mucho más elevada por la dificultad de acceso a los datos reales en la mayoría de esos estados. En 56 países la legislación retiene la pena de muerte como instrumento punitivo, lo que permitió la imposición de 2.307 condenas a muerte el pasado año.

Es para mí un orgullo pertenecer a un Gobierno que, el pasado martes, aprobó una declaración institucional que proclama que "la política exterior de España continuará marcándose como uno de sus objetivos principales la abolición" de la pena de muerte. Un castigo que carece de justificación alguna por cruel, inhumano y degradante, que atenta contra los derechos humanos y el más sagrado de todos ellos, el derecho a la vida. La pena de muerte, como concluyó Jack London, "degrada a la comunidad que la permite, la aprueba con su voto y paga los impuestos necesarios para mantenerla".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido  ante sus homólogos de la Unión Europea la necesidad de articular una verdadera cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración, un elemento que ha señalado como indispensable si se quiere poner en marcha una política europea realmente eficaz en materia de inmigración y asilo.

Grande-Marlaska ha abogado por incrementar esta cooperación en la reunión informal del Consejo de Ministros de Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI), celebrada por vídeoconferencia bajo la presidencia alemana y en la que además de los ministros también han participado el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y la comisaria de Interior, Ylva Johansson.

En esta reunión, los ministros del Interior de la Unión Europea han abordado el pacto migratorio presentado por la Comisión hace dos semanas, la dimensión exterior del fenómeno migratorio y los avances para conseguir una asociación europea de policía más estrecha.

"Ninguna política europea de migración y asilo será verdaderamente eficaz sin una asociación amplia y duradera con terceros países clave, la eficacia de nuestra política europea de migración y asilo depende de esta dimensión exterior", ha dicho el ministro español.

Grande-Marlaska ha puesto en este sentido de ejemplo el modelo español, basado en una cooperación efectiva con los países de origen y tránsito de la inmigración y en la lucha contra las mafias que trafican con personas, una fórmula que permitió reducir las llegadas irregulares en España en un 50 por ciento entre 2018 y 2019, un descenso afianzado este año con una reducción del 17 por ciento.

En base a esta experiencia, el ministro ha incidido en la importancia de concretar esta cooperación con los países africanos, ya que es "la única manera de luchar contra las redes que trafican con migrantes".

El ministro ha agradecido en este ámbito a la comisaria Johanssson por acompañarle en el viaje que realizaron el pasado 18 de septiembre a Mauritania. En la visita, el ministro y la comisaria mantuvieron diversas reuniones de trabajo, entre ellas con el presidente del país, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en las que abordaron entre otros asuntos la cooperación en la gestión migratoria.

PACTO MIGRATORIO

En base a estos argumentos, a la hora de abordar en esta reunión de ministros del Interior el texto del pacto migratorio presentado por la Comisión hace dos semanas, Grande-Marlaska ha señalado que no se puede olvidar esta dimensión exterior. El ministro ha propuesto que el pacto recoja como un eje imprescindible "la mejora de la cooperación con los países de origen y de tránsito, tanto desde la perspectiva de la UE como desde la bilateral".

Grande-Marlaska ha agradecido a la Comisión, y especialmente a la comisaria Johansson y al vicepresidente Margaritis y sus respectivos equipos, el esfuerzo realizado para presentar el texto del pacto. "El reto que nos concierne ahora a todos es conseguir que el principio rector de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad sea una realidad", ha señalado.

"España pondrá todo de su parte para alcanzar un buen acuerdo para la UE y sus Estados miembros. Sin duda, necesitamos una política común de migración y asilo europea", ha indicado el ministro ante sus homólogos europeos.

Sobre el texto presentado por la Comisión Europea, Grande-Marlaska ha valorado que se contemple una solidaridad obligatoria, pero ha subrayado la necesidad de dotar de mayor claridad y amplitud a los mecanismos para su aplicación. "Un sistema en el que la presión se concentre en 5 Estados miembros no funcionará", ha señalado.

También ha destacado como elemento positivo que se reconozca la labor de aquellos estados que "cumplen con una obligación internacional" al realizar rescates marítimos. Por último, ha echado en falta que en el texto no recoja medidas concretas para articular cauces de migración legal.

En este Día Mundial y Día Europeo contra la pena de muerte, quiero recordar que tan inhumano castigo legal fue abolido de forma parcial por la Constitución aprobada en 1978 y por completo mediante ley orgánica de 27 de noviembre de 1995. La democracia española no se quedó ahí y, en octubre de 2010, impulsó la firma de la Declaración sobre la constitución y funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, con sede en Ginebra y hoy apoyada por 22 estados que forman su grupo de apoyo.

Como español y como demócrata, me siento muy orgulloso de los pasos dados por mi país para consolidar el respeto al derecho a la vida por encima de cualquier circunstancia y eliminar la pena de muerte de su arsenal punitivo. La pena máxima como instrumento de lucha contra el delito no ha dado nunca beneficio alguno en materia de seguridad pública ni de reparación a las víctimas y no tiene efectos disuasorios, es un fracaso que no reduce los índices de criminalidad.

Esta es también ocasión inmejorable para proclamar que la defensa de los derechos humanos no puede detenerse en las fronteras. Según Amnistía Internacional, en 2019 se consumaron al menos 657 ejecuciones en los 20 países que aún mantienen esta cruel práctica, aunque la cifra real es mucho más elevada por la dificultad de acceso a los datos reales en la mayoría de esos estados. En 56 países la legislación retiene la pena de muerte como instrumento punitivo, lo que permitió la imposición de 2.307 condenas a muerte el pasado año.

Es para mí un orgullo pertenecer a un Gobierno que, el pasado martes, aprobó una declaración institucional que proclama que "la política exterior de España continuará marcándose como uno de sus objetivos principales la abolición" de la pena de muerte. Un castigo que carece de justificación alguna por cruel, inhumano y degradante, que atenta contra los derechos humanos y el más sagrado de todos ellos, el derecho a la vida. La pena de muerte, como concluyó Jack London, "degrada a la comunidad que la permite, la aprueba con su voto y paga los impuestos necesarios para mantenerla".