La Guardia Civil es el primer cuerpo de seguridad pública de ámbito estatal surgido en España.

Su creación se produjo a poco de comenzar el reinado de Isabel II y fue impulsada por el gobierno moderado de González Bravo con el consenso de las demás fuerzas políticas, que vieron la necesidad que tenía el Estado liberal español de disponer de una fuerza de seguridad pública para abarcar todo el territorio peninsular y para hacer frente a la alarmante situación de inseguridad generada por el bandolerismo que desde la Guerra de la Independencia azotaba los caminos y campos del país.

Aquélla tuvo lugar a través de los decretos de 28 de marzo y de 13 de mayo de 1844, que configuraron un cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar, dependiente del Ministerio de la Gobernación en lo referente al servicio y del de la Guerra en cuanto a su organización, disciplina, personal, material y percibo de haberes, centralizándose, con una gran autonomía organizativa, en la Dirección General (o Inspección General, según las épocas). Para organizar la nueva Institución fue designado el Duque de Ahumada, hombre de confianza del general Narvaez, militar de prestigio, corte conservador, profundo conocedor de la realidad española y "heredero" del primer proyecto de seguridad de ámbito nacional concebido en 1824 por su padre, el marqués de las Amarillas.

Tomando como ejemplo el modelo implantado en Francia con la Gendarmería y el existente en Cataluña con los Mossos de Escuadra, Ahumada imprimió su sello personal a la nueva fuerza, dotándola de una severa reglamentación y de la famosa Cartilla, documento éste que diseñó la idiosincrasia del guardia civil: fuerte disciplina, capacidad de sacrificio, espíritu benemérito y lealtad, características que le permitieron una gran eficacia en la realización de las funciones que le fueron encomendadas, lo que contribuyó a que los distintos gobiernos depositasen en esta fuerza su simpatía, consolidándola primero, implantándola en las colonias de Ultramar y desde 1874 hasta 1940 otorgándole el monopolio del orden público.

Además, su presencia en actividades humanitarias de todo tipo, culto al honor y rigor en el desempeñó de su servicio, le granjearon muy pronto el respeto y admiración del pueblo español, que pasó a denominarla con el sobrenombre de Benemérita (título que se hizo oficial a partir de la OG de 4 de octubre de 1929).

Ahumada diseñó la distribución de sus hombres en doce tercios peninsulares y uno insular (a Canarias no llegaría hasta julio de 1898). La expansión territorial se produjo a través de etapas que abarcaron el ámbito provincial (cubierto en 1846), de partido (185) y municipal (ya en el siglo XX), y partiendo del centro del Estado en grandes líneas que seguían las vías de comunicación. Su unidad básica es el Puesto y de ahí, en orden ascendente, están las Líneas, Compañías, Comandancias (unidad con rango provincial), Tercios y Zonas (éstas a partir de la RO de 20 de mayo de 1926).

De modo paralelo a la expansión territorial se produjo un incremento progresivo de los efectivos, que pasaron de los 3.250 en 1.844 a más de 19.000 a finales del siglo y a cerca de 70.000 en la actualidad. El servicio era realizado bajo la dependencia de las autoridades civiles, salvo en caso de guerra o de grave peligro del orden público, en que lo hacía obedeciendo a las autoridades del Ejército.

La doble dependencia de la Guardia Civil fue causa de conflictos de competencia desde el momento mismo de su creación. La reforma de 1 de julio de 1871 reforzó la naturaleza castrense del Cuerpo y consolidó la Comandancia como aliado intermedio entre la Dirección General y el Puesto, en detrimento de los Tercios. Durante la I República se intentó cambiar la dependencia dual por la exclusiva del Ministerio de la Gobernación (Circular de 1 5lV1873), pero no sólo no prosperó, sino que con la llegada de la Restauración se produjo un reforzamiento de la Administración militar que llevó a la Guardia Civil a integrarse por vez primera en el Ejército (leyes de 29XI 1878,19VII 1889), lo que ratificó el general Franco a poco de finalizar la Guerra Civil (Ley de 153 1940).

Este carácter de fuerza armada de facción permanente otorgó a la Guardia Civil una gran autonomía en el ejercicio de sus funciones, pero también dio pie a una interpretación abusiva del concepto del orden público por parte de la clase política instalada en los resortes del poder durante la Restauración, lo que motivaría una notable erosión en el prestigio sólidamente labrado durante el siglo XIX, hasta el punto de que hacia 1931 algunas fuerzas de la izquierda radical solicitaron su disolución. Finalmente ésta no se llevaría a cabo, pero durante la II República la Guardia Civil fue segregada del Ministerio de la Guerra, integrándose en el Ministerio de la Gobernación.

Al comenzar la guerra civil, el Cuerpo fue convertido en Guardia Nacional Republicana (Decreto de 3081936). Tras la contienda civil, la Guardia Civil absorbió las funciones del Cuerpo de Carabineros (Ley de 153 1940), a la vez que se fortalecía la influencia del Ejército con la creación del Estado Mayor. Con la llegada de la democracia, el Instituto fue dotado de un nuevo ordenamiento, acorde con la Constitución (Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 21986).

El Cuerpo fue creado con la misión de proteger a "las personas y propiedades dentro y fuera de las poblaciones" y abarcó siempre todas las funciones relativas a la conservación del orden público. A medida que su eficacia se iba poniendo de manifiesto, se producía una progresiva asunción de competencias: funciones de policía judicial, de policía militar (no hubo campaña en España desde 1844 en que no estuviesen presentes unidades de la Guardia Civil, a veces, como en la Guerra Civil, con un papel destacado), de policía fiscal, de beneficencia pública, de guardería rural (específicamente asumida por Ley de 7 de julio de 1876).

El servicio lo realizaba por el innovador sistema de "parejas", instituido en su famosa Cartilla y que eran las encargadas de recorrer y vigilar la demarcación de su Puesto a partir de un exhaustivo conocimiento del terreno y de sus gentes. También desde un primer momento la Guardia Civil se dedicó a la vigilancia de los caminos, adaptando su actuación a la evolución de los tiempos, tanto que la masiva irrupción del automóvil en las carreteras españolas exigió una respuesta organizativa que se materializó con la creación de la Agrupación de Tráfico en el año 1959, especialidad pionera de muchas otras que hoy tiene este Cuerpo para la protección y ayuda de población y medio ambiente.

A lo largo de su dilatada historia la Guardia Civil ha prestado valiosos servicios en la lucha contra la delincuencia en general y la delincuencia especializada, casi siempre con importantes resultados. Así lo demuestra el hecho de haber acabado con el bandolerismo del siglo XIX, el anarquismo de la mano negra, el anarquismo urbano, el fenómeno del maquis de la postguerra y haber cosechado notables éxitos contra el terrorismo independentista de ETA, organización a la que ha asestado numerosos golpes, como la desarticulación de su cúpula en la localidad francesa de Bidart.

Junto a esto, la Guardia Civil presta en la actualidad importantes servicios en misiones de paz en países donde la ONU recaba la presencia española. Después más de 150 años de existencia, la Guardia Civil constituye uno de los patrimonios más queridos y estrechamente vinculados al pueblo español, que ha visto reflejadas en su trayectoria gran parte de sus señas de identidad. Es, además, una Institución que aspira a servir a su ciudadanos desde la modernidad que demandan los nuevos tiempos, pero a la que se le exige lo haga manteniendo intactas las tradicionales virtudes que han adornado su trabajo cotidiano a lo largo de este último siglo y medio.