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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido en el complejo policial de Canillas, en Madrid, la toma de posesión de los tres nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional, acto en el que también han participado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el director general de la Policía, Francisco Pardo, y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
El comisario principal Agustín Alonso-Carriazo López ha tomado posesión como subdirector general de Recursos Humanos y Formación; el comisario principal Rafael Pérez Pérez lo ha hecho como comisario general de Policía Judicial, mientras que la comisaria principal Alicia Malo Sánchez ha tomado posesión como jefa de la División de Cooperación Internacional.
Grande-Marlaska ha destacado que estos nombramientos ratifican "el diseño estratégico de dotar a la Policía Nacional de una estructura orgánica más operativa y de un equipo directivo seleccionado con criterios estrictamente profesionales". Para el ministro, la toma de posesión celebrada este viernes "es un ejercicio de normalidad institucional por el que podemos felicitarnos" porque "muestra el estado de buena salud del que goza el cuerpo".
Los nuevos miembros de la Junta de Gobierno son tres profesionales que "por sus propios méritos acceden a la cúpula de mando de la Policía Nacional, a la que llegan como culmen de una trayectoria en la que han atesorado experiencia, conocimientos y méritos suficientes para alcanzar esta alta responsabilidad", ha añadido el ministro.
El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha resaltado por su parte que las nuevas incorporaciones a la Junta de Gobierno de la Policía Nacional completa un "equipo rodado, muy cohesionado, experimentado y muy profesional" que debe gestionar el futuro del cuerpo, que pasa por la mejora de la formación de los agentes, la modernización y la transformación digital, la consolidación de su presencia internacional, y la mejora de la eficiencia operativa sin desatender a los colectivos más vulnerables.
SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN
El comisario principal Agustín Alonso-Carriazo López es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además de contar con otros diplomas y numerosos cursos de especialización y formación. Ingresó en la Policía Nacional en 1983 y, tras sucesivos ascensos, alcanzó la categoría de comisario principal en 2016.
A lo largo de su carrera profesional ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad tanto en el ámbito operativo como de gestión. Hasta ahora era el máximo responsable de la División de Personal de la Dirección General de la Policía, puesto que desempeñaba desde finales de 2017.
COMISARIO GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL
El comisario principal Rafael Pérez Pérez es licenciado en Derecho y, además de contar con diversos diplomas y cursos de especialización, ha participado como ponente en numerosas actividades formativas, sobre todo referidas al ámbito del tráfico de estupefacientes y el blanqueo de capitales. Ingresó en la Escuela Superior de Policía en 1980 y ascendió a comisario principal en 2017.
A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, en la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, en la Brigada Central de Crimen Organizado y en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, entre otros. Hasta su actual nombramiento era secretario general de la Comisaría General de Policía Judicial.
JEFA DE LA DIVISION DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La comisaria principal María Alicia Malo Sánchez es licenciada en Filología Hispánica, posee un máster en Dirección Estratégica de Seguridad Pública y cuenta con conocimientos avanzados en alemán, árabe e inglés. Además, ha participado en diversas actividades formativas especializadas en relaciones internacionales y ha sido ponente en cursos de especialización en seguridad en embajadas, de seguridad para diplomáticos o de misiones en zonas de conflicto, entre otros.
Ingresó en la Policía Nacional en 1990, ascendió a inspectora jefa en 2005, a comisaria en 2012 y a la máxima categoría de la Policía Nacional en 2020. Hasta su actual nombramiento ha estado destinada en la Comisaría General de Policía Judicial, en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas y en la propia División de Cooperación Policial Internacional, donde se encontraba al frente de la secretaría general.
Agentes de la Guardia Civil, acompañados por peritos judiciales representantes de las patentes, han intervenido 13.119 productos de telefonía que vulneraban los derechos de conocidas marcas de prestigio.
En la operación, los agentes han llevado a cabo cuatro inspecciones en diferentes establecimientos comerciales del Polígono Industrial de Cobo Calleja, ubicado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, y se investiga a cuatro personas por la presunta comisión de delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
Las inspecciones llevadas a cabo han permitido identificar a los presuntos administradores, responsables y empleados de los establecimientos. Además los agentes han localizado miles de productos (baterías, cargadores, cascos inalámbricos….) falsificados, por lo que se procedió a investigar a tres personas de nacionalidad china y un ciudadano de español.
Las patentes de la marca en España, han acreditado que los efectos intervenidos carecían de autorización para su comercialización por parte de los propietarios de las marcas valorando en cerca de 160.600 euros el valor de los efectos intervenidos.
Camuflaban los elementos tapando la marca falsificada
Para evitar su detección, camuflaban las marcas falsificadas con pegatinas del mismo color. Los logos falsificados eran prácticamente idénticos a los originales, necesitando la intervención de expertos de las marcas que han acreditado las falsificaciones.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Sección Fiscal de la Aduana de Abroñigal.
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, han mantenido una reunión en Algeciras (Cádiz) en la que han reforzado la colaboración entre los ministerios de Interior y de Justicia en la lucha contra el narcotráfico.
En la reunión también han participado, entre otros, la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García; los subdelegados del Gobierno en Cádiz, José Pacheco; y en Málaga, Teófilo Ruiz; el director del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez; mandos operativos de Policía Nacional y Guardia Civil; el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cádiz, Ignacio Martínez; y la jefa de Área en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos de Algeciras, Mar Solano.
Este encuentro se enmarca en el seguimiento continuo y permanente del Plan Especial del Campo de Gibraltar. En este sentido, el secretario de Estado de Seguridad ha incidido en que "la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar es un objetivo prioritario del Ministerio del Interior y del Gobierno de España y este Plan es un claro ejemplo de que cuando hay voluntad, planificación y recursos se pueden ver resultados".
"En estos dos años, hemos conseguido tomar la iniciativa frente a las organizaciones del narcotráfico y, como dijo el ministro del Interior en su última visita a Algeciras hace dos semanas, el mensaje del Gobierno de España es claro: no vamos a bajar ni un peldaño la presión policial y judicial sobre ellas", ha añadido Pérez.
En el marco de la apuesta del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, el secretario de Estado de Seguridad ha anunciado que a lo largo de este mes de septiembre se ha reforzado aún más el despliegue de medios materiales y personales implementado desde el inicio del Plan Especial en agosto 2018.
Por un lado, las actuales plantillas de Policía y de Guardia Civil destinadas en la zona se han visto reforzadas con cerca de 100 efectivos de unidades robustas de intervención de ambos cuerpos (GAR de la Guardia Civil y UPR de la Policía Nacional).
También se están incorporando a lo largo de este mes una veintena a de vehículos todoterreno procedentes de otras provincias. Este refuerzo se produce, según ha señalado el secretario de Estado de Seguridad, mientras se tramita y ejecuta una nueva dotación de recursos materiales para el Plan Especial para el Campo de Gibraltar, con el que este mismo año la Policía Nacional y la Guardia Civil en la zona contarán con 30 nuevos vehículos cuatro por cuatro, otros 14 vehículos de gran potencia, además de otros medios como equipos de protección, de transmisiones especializadas y cámaras de visión nocturna.
Estos nuevos medios se están tramitando por un importe superior a los 7 millones de euros. Esta partida forma parte de la inversión de 48,2 millones de euros prevista para los próximos 18 meses en el marco de la ampliación del Plan Especial del Campo de Gibraltar anunciada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado mes de julio.
IMPORTANCIA DE LA ORGA
El secretario de Estado de Justicia ha destacado por su parte que "venimos a ver la ORGA, a ver cómo funciona, a potenciarla y a mejorarla en colaboración con el Ministerio del Interior. La ORGA es una herramienta muy potente para luchar contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar".
En el ámbito de la cooperación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la administración de justicia, Rafael Pérez ha destacado que "la Mesa de Coordinación Operativa, se ha reunido en 11 ocasiones, desde su creación en 2018, y es un instrumento de coordinación eficaz y operativo en la lucha contra el narcotráfico entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las autoridades judiciales y fiscales del territorio".
MÁS DE 2.000 DETENCIONES
El Plan Especial para el Campo de Gibraltar del Ministerio del Interior, incluido en un diseño más amplio realizado por el Gobierno para dar respuesta a la problemática situación de aquella comarca, se puso en marcha en agosto de 2018 ante el deterioro de las condiciones de seguridad que sufrían los municipios de la comarca como consecuencia de las actividades del crimen organizado en la zona.
Dos años después, el positivo balance realizado de los resultados del plan especial, en particular en indicadores clave como número de grupos criminales desarticulados, sospechosos detenidos y droga aprehendida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha impulsado al ministerio a por prorrogar otros 18 meses su vigencia y a la ampliación territorial a las provincias limítrofes de Huelva y Málaga.
Desde el comienzo del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en agosto de 2018 y hasta agosto de 2020 se han detenido a 2.040 personas relacionadas con el narcotráfico y contrabando. Y desde la ampliación del Plan, en los meses de julio y agosto de 2020, se han detenido a 162 personas.
INCAUTACIONES
Desde la puesta en marcha del Plan, se han aprehendido 312.348 kilos de droga, de los cuales 299.385 kilos son de hachís, 11.414 kilos son de cocaína y el resto de otras sustancias. Además se han intervenido 1.465.353 cajetillas de tabaco. Y, en concreto, en los meses de julio y agosto de 2020, desde la ampliación del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, se han aprehendido 37.476 kilos de droga.
Todo ello es fruto, entre otros factores, del aumento sostenido de los efectivos policiales desplegados en la zona, una media de un 12 por ciento para Policía Nacional y Guardia Civil, al extremo de que el nivel de ocupación del catálogo de puestos de trabajo en sus plantillas se ha mantenido durante todo el periodo de vigencia del Plan Especial más de cuatro puntos porcentuales por encima de la media nacional.
La Guardia Civil, en el marco de la operación YANTAI, desarrollada en las provincias de Toledo, Madrid, Segovia y Guadalajara, ha procedido a la detención de 12 personas de nacionalidad vietnamita de entre 25 y 48 años de edad, pertenecientes a una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral. En la operación se han liberado a 6 personas que estaban siendo explotadas laboralmente. A los detenidos se les imputa los supuestos delitos contra la Trata de Seres Humanos, la Salud Pública, defraudación de fluido eléctrico y falsedad documental.
Se han efectuado siete entradas y registros en naves y domicilios ubicados en las localidades de Sigüenza, Santa Cruz de la Zarza, Recas, Camarma de Esteruelas, Torrejón del Rey y Azuqueca de Henares donde se ha intervenido 7500 plantas de marihuana, dinero en metálico, así como numerosos efectos empleados en labores de cultivo de la marihuana, tales como paneles de pladul, abonos, fertilizantes, material eléctrico, sistema de extracción y anti olor, filtros de carbono, etc).
La investigación se inició, cuando la Guardia Civil, tuvo conocimiento de que unos ciudadanos de origen asiático habían alquilado en extrañas circunstancias, una nave industrial del polígono LOS LLANILLOS de la localidad de Sigüenza (Guadalajara).
Por tal motivo, los agentes iniciaron un operativo entorno a la nave, pudiendo constatar que dicha nave estaba siendo utilizada para la cultivar y procesar plantas de marihuana. Para ello, la organización utilizaba a compatriotas que eran desprovistos de su documentación, al objeto de impedir su libre circulación y obligarlos a trabajar sin descanso. Cabe destacar, que en los registros se encontraron dormitorios habilitados en los lugares de trabajo que carecían de adecuadas condiciones de vida e higiene.
Una vez procesada la marihuana, los integrantes utilizaban un vehículo para el transporte de la droga en distintas naves industriales y domicilios ubicados Castilla la Mancha, Castilla León y Comunidad de Madrid.
Las investigaciones, realizadas por los agentes han permitido acreditar la existencia de una organización delictiva organizada y estructurada, dedicada al cultivo de grandes plantaciones de marihuana y a la trata de seres humanos para su explotación, que albergaban pretensiones de extender el negocio ilícito a otras zonas del país.
Asimismo, la estructura de la organización se encontraba integrada por un líder de origen vietnamita. Esta persona situaba en los escalones más altos de la organización a personas de su confianza y en los eslabones más bajos a compatriotas que eran desprovistos de su documentación con el fin de impedirles el contacto con el exterior.
Significar la importancia de la cooperación internacional, que constituye un factor clave en el éxito de estas actuaciones debido a la transnacionalidad de los grupos organizados que captan, trasladan y explotan a sus víctimas en diferentes países, tanto Estados Miembros de la Unión Europea como terceros Países.
La Guardia Civil trabaja de una manera integral y multidisciplinar en las investigaciones de los delitos que llevan aparejado este modus operandi, cada vez más común en las organizaciones criminales que operan en nuestro país.
Así mismo, se considera de vital importancia la colaboración imprescindible de las Entidades Sociales y ONG,s para la asistencia a las víctimas de trata y su posterior recuperación.
La operación ha sido desarrollada por efectivos de las Comandancias de Guadalajara, Toledo, Segovia y Madrid.
La Policía Nacional ha lanzado un nuevo vídeo coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, dirigido, por primera vez, al consumidor de prostitución. "Si eres cliente, pagas su esclavitud", es una de las advertencias más contundentes de esta campaña, con la que la Policía Nacional pretende concienciar de que más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata, de un delito que sigue siendo rentable para las organizaciones criminales gracias a los beneficios económicos que aportan quienes pagan por este tipo de servicio.
Son mujeres captadas por mafias que les prometen un trabajo digno en España aprovechando la situación de extrema necesidad que viven en sus países de origen. Para conseguir esa supuesta nueva vida, las víctimas pagan grandes cantidades de dinero, en ocasiones todo lo que tienen, sin ser conscientes de que ese capital nunca se destinará a tal fin. Una vez en España, las organizaciones criminales les informan de que han contraído una elevada deuda que deberán saldar ejerciendo la prostitución de manera forzosa, por lo que se verán obligadas a prostituirse durante años.
Durante el año 2019, la Policía Nacional realizó un total de 515 operaciones relativas a explotación sexual y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, liberando a 921 personas, de las que 896 eran mujeres. En estas operaciones fueron detenidos 481 autores de este delito. Durante los primeros ochos meses de 2020, ya se han realizado 333 operaciones similares. En algunas ocasiones, entre las víctimas se encuentran menores de edad que también fueron captadas por las organizaciones de proxenetas.
Este delito genera beneficios millonarios tanto en España como a nivel mundial, con lo que se convierte en uno de los negocios ilícitos más rentables, sólo equiparable al tráfico de drogas y de armas.
Para esta nueva campaña de concienciación, la Policía Nacional contará desde hoy con una importante presencia en sus perfiles oficiales de Twitter, Facebook, Youtube e Instagram. Bajo el hashtag #SinClientesNoHayTrata, se lanzarán nuevos mensajes, vídeos y carteles para concienciar a sus seguidores de que pagar por mantener relaciones sexuales contribuye de manera directa a que miles de mujeres sean obligadas a ejercer la prostitución bajo amenaza de muerte para ellas y para su familia.
Colaboración ciudadana confidencial
La Policía Nacional mantiene activo el número de teléfono 900 10 50 90 y el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. para que cualquier ciudadano pueda aportar información si considera que conoce algún caso de trata de seres humanos. Ambas opciones son gratuitas, confidenciales y gestionadas directamente por agentes especializados. Desde 2013, la colaboración ciudadana a través de las denuncias realizadas por estos medios ha sido clave en investigaciones policiales relacionadas con este delito y en la liberación de las víctimas.